Desde Bruselas quieren aplicar unas normas más estrictas en materia de emisiones de CO2 tanto para los turismos como para las furgonetas. El actual objetivo de contaminación máxima por vehículo de 95 g/km de CO2 por kilómetro, tendrá que reducirse hasta el 55% para los coches en 2030 y hasta el 50% para las furgonetas, frente al 37,5% y 31% que están ahora vigentes.

Y a partir de 2035 la reducción tendrá que ser del 100% en comparación con los niveles actuales, de forma que todos los vehículos nuevos matriculados a partir de ese año tendrán que ser de cero emisiones, por tanto dejarán de comercializarse coches y furgonetas diésel, gasolina e híbridos. La propuesta indica, incluso, que el objetivo final es que los vehículos de combustión hayan desaparecido de las carreteras en 2050.

Según parece, en 2028 podría realizarse una revisión de los plazos, valorando la capacidad de la industria para hacer frente a esta profunda transición y eliminando a partir de 2030 los incentivos al vehículo eléctrico, que ya debería ser más competitivo a nivel de costes. En este sentido, la Comisión Europea espera que, al menos, tres millones de puntos de recarga eléctricos sean accesibles al público en esas fechas.

 

Más coste al repostar un vehículo diésel

Desde Bruselas también se ha propuesto aumentar el tipo mínimo de impuestos a los combustibles fósiles, que irán creciendo de forma progresiva hasta 2033, con un mayor “castigo” para los vehículos diésel. Los modelos híbridos jugarán un papel relevante durante el período de transición, pero también están llamados a desaparecer.

De momento no se dice nada en el paquete de medidas sobre los vehículos pesados ya que están afectados por una legislación más reciente en esta materia, aunque desde la Comisión Europea ven probable que se revise en 2022, con datos más recientes sobre este parque y su huella ecológica.

Tanto las asociaciones de autónomos del transporte como los principales gremios empresariales del sector ven inviable una transición totalmente eléctrica en tan pocos años. En este sentido coinciden, en general, en la falta de infraestructuras de recarga, el coste muy superior de las furgonetas eléctricas, los largos períodos de tiempo que deben estar parados los vehículos para “repostar” o la falta de autonomía para largos recorridos, reclamando compensaciones por los costes de renovación que tendrán que soportar tanto los profesionales como las empresas con grandes flotas.